ERC

El gobierno central debería asumir competencias que hoy gestionan las comunidades autónomas.

Los territorios con identidad cultural diferenciada deberían tener derecho a convocar una consulta sobre su autodeterminación.

Las regiones con mayor capacidad económica deberían contribuir proporcionalmente más al fondo de solidaridad interterritorial.

La capitalidad otorga a Madrid ventajas desproporcionadas frente al resto de comunidades.

Es necesario aumentar significativamente la presión fiscal sobre las grandes fortunas y corporaciones.

El Estado debería tener participación directa en la gestión de industrias estratégicas como la energía o las finanzas.

Reducir los impuestos es preferible incluso si eso implica recortar prestaciones públicas.

Convendría establecer un gravamen específico sobre los grandes patrimonios y las herencias de alto valor.

Sería conveniente que el Estado pusiera en marcha una entidad bancaria pública que ofreciera alternativa a la banca privada.

El salario mínimo debe continuar aumentando aun cuando algunas empresas aleguen dificultades para asumirlo.

Conviene implantar la semana laboral de cuatro días manteniendo la misma remuneración.

Las organizaciones sindicales ejercen una influencia excesiva en la política económica y laboral del país.

Las compañías deberían estar obligadas a hacer públicas las bandas salariales de cada puesto.

Las autoridades deberían aplicar con mayor firmeza la expulsión de personas en situación migratoria irregular.

Las personas extranjeras con residencia legal deberían acceder a prestaciones sociales en las mismas condiciones que los nacionales.

La llegada de trabajadores extranjeros es necesaria para sostener el sistema de pensiones y cubrir puestos vacantes.

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España deben recibir protección y formación por parte del Estado.

Combatir el calentamiento global debe ser una prioridad aun cuando exija inversiones elevadas.

A partir de 2035 solo debería permitirse la venta de automóviles nuevos de cero emisiones.

Convendría prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá de las fechas de cierre programadas.

Las corridas de toros y otros espectáculos que impliquen sufrimiento animal deberían estar prohibidos.

La actividad cinegética debería someterse a regulaciones más estrictas en favor de la protección de la fauna.

Es necesario ampliar las políticas públicas destinadas a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

La interrupción voluntaria del embarazo debe mantenerse como prestación garantizada dentro de la sanidad pública.

La legislación debe reconocer plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo con idénticos derechos.

Las personas que padecen enfermedades incurables y un sufrimiento irreversible deberían tener la opción legal de poner fin a su vida con asistencia médica.

La gestación por sustitución debería ser legal y contar con un marco regulatorio claro.

Fortalecer el sistema sanitario público justifica un aumento de la carga impositiva si fuera necesario.

Las familias deberían poder decidir si sus hijos participan en actividades educativas sobre sexualidad u otros temas sensibles.

Los centros educativos de titularidad privada con concierto deberían continuar percibiendo fondos públicos.

La enseñanza confesional debería quedar fuera del currículo de los centros públicos.

La atención a la salud mental debería ser una prestación prioritaria y de acceso gratuito en la sanidad pública.

La ley debería fijar topes máximos a los precios del alquiler de vivienda.

Es imprescindible ampliar de forma significativa el parque público de vivienda en alquiler asequible.

La ocupación ilegal de viviendas ajenas debería acarrear sanciones más severas.

Los propietarios que mantengan un número elevado de viviendas sin uso deberían soportar un recargo fiscal.

Los delitos de especial gravedad deberían castigarse con penas de prisión más prolongadas.

El Estado tiene la obligación de reconocer y reparar a las víctimas de la dictadura de Franco.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían disponer de más recursos y competencias para garantizar el orden público.

La figura de la prisión permanente revisable debe mantenerse en el ordenamiento penal para los crímenes más graves.

Los internos en centros penitenciarios deberían estar obligados a realizar trabajo como parte de su condena.

El castellano debería ser el único idioma de aprendizaje obligatorio en todos los centros educativos del país.

Las lenguas cooficiales —catalán, euskera y gallego— deben poder seguir empleándose en las intervenciones del Congreso.

Mi sentimiento de pertenencia a mi comunidad autónoma es más fuerte que mi identificación con España.

Las pensiones deben revalorizarse automáticamente al menos al ritmo de la inflación.

Los pensionistas con prestaciones elevadas deberían contribuir fiscalmente más para apuntalar la sostenibilidad del sistema.

Las pensiones más bajas deberían elevarse hasta asegurar unas condiciones de vida dignas.

Debería incentivarse fiscalmente el ahorro privado para la jubilación como complemento a la pensión pública.

Los ciudadanos deberían poder decidir mediante consulta popular si España mantiene la monarquía o adopta un modelo republicano.

El jefe del Estado debería someterse a la jurisdicción ordinaria en caso de conductas delictivas, igual que cualquier otro ciudadano.

El sector agrario debe recibir mayores subvenciones públicas, aunque ello suponga incrementar el gasto.

La producción agraria debe transitar hacia modelos más sostenibles aunque eso reduzca el rendimiento a corto plazo.

Debería permitirse el control cinegético del lobo y otras especies protegidas cuando causen daños a la ganadería.

Las instituciones de la Unión Europea deberían disponer de más competencias sobre los estados miembros.

España debería poder inaplicar directivas europeas cuando estas perjudiquen intereses nacionales.

Las exigencias medioambientales impuestas por la UE suponen una carga excesiva para la economía española.